ATLANTA (AP) — Representantes republicanos de Georgia impulsan una medida para obligar a todos los departamentos de policía de ciudades y condados a que ayuden a identificar a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, arrestarlos y deportarlos.
La propuesta avanzó el martes por las comisiones de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes del estado y pasará al pleno de la cámara baja para su debate, después de que la policía acusó a un hombre venezolano de matar a golpes a una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia.
José Ibarra fue detenido el viernes por cargos de homicidio y agresión en relación con el fallecimiento de Laken Riley, de 22 años, el pasado jueves. Ibarra, de 26 años, es un ciudadano venezolano que, de acuerdo con las autoridades de inmigración, ingresó ilegalmente al país en 2022. Se desconoce si había solicitado asilo.
Riley era estudiante de enfermería en la Universidad Augusta, campus Athens, después de iniciar su carrera universitaria en el campus de Athens de la Universidad de Georgia. Su cuerpo fue localizado el jueves después de que una compañera de cuarto informó que ella no regresó luego de salir a correr por la mañana en una zona boscosa.
La Universidad de Georgia anunció el martes que destinaría 7,3 millones de dólares para reforzar la seguridad del campus, y los republicanos en la Cámara de Representantes federal exigieron información sobre Ibarra al Departamento de Seguridad Nacional.
Con la nueva ley, Georgia se acercaría más a otros estados con medidas migratorias estrictas, como Texas, que a partir de marzo permitirá que la policía detenga a migrantes que ingresen ilegalmente al estado y dará a los jueces locales la autoridad para ordenar su expulsión del país.
Georgia aprobó una estricta ley contra la inmigración en 2011, aunque posteriormente anuló partes de ella. Esa normativa permitía que los agentes detuvieran a cualquiera que fuera considerado “sospechoso” para revisar sus documentos, obligaba a oficinas de gobierno y grandes empresas a utilizar una base federal de datos llamada E-Verify para revisar el estatus migratorio de los nuevos empleados, requería que los solicitantes de subsidios públicos demostraran su ciudadanía y creó una junta para sancionar a los gobiernos locales que no siguieran con lo establecido.
La iniciativa que aprobó la comisión de Georgia el martes también establecería nuevos requerimientos en la manera en que las autoridades penitenciarias deben revisar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) para determinar si se sabe que cierta persona está de forma ilegal en el país.
“Este problema es ahora mismo, sin lugar a dudas, el problema más importante de mi comunidad, mientras nos enfrentamos a esta horrenda tragedia en Athens durante los últimos días”, dijo el representante estatal republicano Houston Gaines.
El Immigrant Legal Resource Center registró en julio pasado que sólo seis de los 159 condados de Georgia cuentan con acuerdos con ICE. Cinco de ellos son exclusivos para prisiones. El condado de Oconee, un suburbio de Athens, emite órdenes por infracciones migratorias o de deportación. Las agencias estatales también cooperan con ICE.
Al menos tres condados de Georgia suspendieron su cooperación penitenciaria con ICE, según el centro, incluidos dos grandes condados de los suburbios de Atlanta donde el tema fue parte central de las campañas: los condados Gwinnett y Cobb.
Isabel Otero, directora de políticas para Georgia del Southern Poverty Law Center, dijo que quienes respaldan el proyecto de ley “están decididos a obligar a que las localidades a apliquen las leyes de inmigración”, incluso si los departamentos de policía no cuentan con esa capacidad.
“Desafortunadamente, han aprovechado la muerte de una joven para obtener puntos políticos de una forma que es realmente desgarradora”, declaró Otero.
El representante estatal republicano Jesse Petrea señaló que la iniciativa es necesaria para aplicar las leyes existentes que requieren que los departamentos de policía del condado revisen con ICE a personas que no parecen ser ciudadanos estadounidenses.
“Tal vez la mitad de nuestras policías del condado siguen esa ley”, dijo Petrea. “Eso es desafortunado, y eso es lo que tratamos de abordar con esto”.
Las policías de condado niegan que estén ignorando la ley, dijo Terry Norris, director ejecutivo de la Asociación de Departamentos de Policía de Condado de Georgia. Afirmó que incluso el condado Athens-Clarke, el cual los republicanos identifican como una jurisdicción “santuario” para los migrantes, cumple con la medida.
El proyecto de ley de Petrea establecería que los jefes de policía de los condados que no verifiquen los estatus migratorios serían culpables del delito de incumplir su juramento. La iniciativa también negaría fondos estatales a las prisiones y departamentos de policía de condado que no cooperen.
La propuesta establece que los reclusos no pueden ser retenidos por más de 48 horas por una solicitud de detención migratoria sin que exista una orden firmada por un juez federal, pero más tarde afirma que las policías del condado y las prisiones deben cumplir con todas las solicitudes de detención de ICE.
Gaines promueve una segunda iniciativa, la 1359, la cual permitiría que las personas soliciten una devolución de impuestos si las ciudades o condados se niegan a ponerse en contacto con las autoridades de inmigración. Los reembolsos también serían aplicables si un gobierno local se rehúsa a aplicar las leyes contra la indigencia.
La Universidad de Georgia informó que aumentaría su presupuesto de seguridad en un 20% para contratar más agentes y mejorar los sueldos. La institución también indicó que habrá más personal de seguridad que recorra las zonas en donde los estudiantes se reúnen por las noches, incluida una cobertura de 24 horas en bibliotecas. Añadió que un sistema de transporte compartido subsidiado operará de 6 de la noche a 6 de la mañana, en lugar de cuatro horas por noche.
La universidad señaló que instalaría un sistema que combina cámaras de seguridad con botones de emergencia. La universidad retiró los botones de emergencia, señalando que ahora que los estudiantes siempre llevan consigo un teléfono celular, los botones rara vez eran utilizados. También planea mejorar la iluminación en cruces peatonales, lectores de matrículas vehiculares y más cercado.
La universidad señaló que el paquete costará 7,3 millones de dólares, incluidos 5,5 millones en inversiones únicas y 1,8 millones en gastos recurrentes.
En Washington, los republicanos que presiden varias comisiones de la Cámara de Representantes enviaron distintas cartas al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas para exigir información sobre cómo es que la agencia manejó el caso de Ibarra.
Declaraciones juradas recién presentadas afirman que Ibarra utilizó un objeto como arma durante el delito y está acusado de “desfigurar” el cráneo de Riley. La policía asegura que Ibarra llevó a rastras a la estudiante hacia una zona remota el jueves, de acuerdo con las declaraciones juradas a las que The Associated Press tuvo acceso el martes.
Las autoridades no han dicho exactamente cómo es que Riley fue asesinada, limitándose a revelar que su muerte fue por trauma con objeto contundente.
La fiscal de distrito Deborah Gonzalez, quien supervisa los procesos penales en el condado de Athens-Clarke, dijo el lunes que designará a un fiscal especial para procesar a Ibarra. Gonzalez, quien busca la reelección este año, ha sido objeto de críticas por ser ineficaz, perder varios casos y por la salida de varios fiscales de su oficina.
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